DOI: https://doi.org/10.35699/2237-5864.2024.5271 4

SEÇÃO ESPECIAL: Democracia e ensino na Universidade: 60 anos após o golpe de 1964

Ditaduras no Cone Sul e a restrição no ingresso ao ensino superior: o golpe para a universidade

Las dictaduras en el Cono Sur y la restricción al ingreso universitario: el golpe a la universidad

Dictatorships in the Southern Cone and the restriction on university admission: the coup to the university

Pablo Daniel García¹

RESUMO

A partir de meados do século XX, desenvolveu-se uma onda de governos ditatoriais nos países do Cone Sul que se propuseram explicitamente frear o avanço do comunismo na região. Vistas sob uma perspectiva regional, as experiências de Argentina, Chile e Uruguai, em particular, têm como ponto de partida o golpe militar levado a cabo no Brasil em 1964, contra o governo democrático de João Goulart. Pois bem, estes governos ditatoriais eram diferentes das ditaduras anteriores da região e prestavam especial atenção à limitação da vida universitária: a juventude tinha que ser reprimida e controlada para que o comunismo não avançasse. Este texto, construído a partir do levantamento de fontes secundárias – documentais – descreve e analisa as políticas de restrição ao ingresso universitário que se desenvolveram durante as ditaduras da segunda metade do século XX, considerando os casos da Argentina (1976-1983), Chile (1973-1990) e Uruguai (1973-1985). A pesquisa bibliográfica permite dar conta do modus operandi típico das ditaduras da época, que visavam restringir os processos de democratização do ensino universitário e instalar as políticas de terror no ambiente universitário. Assim, as ditaduras da época desferiram o golpe na universidade. As universidades foram alvo de uma forte intervenção estatal, com medidas que limitavam o acesso ao ensino superior por meio da redução de vagas, do estabelecimento de requisitos acadêmicos mais rígidos e da exclusão de grupos sociais considerados perigosos ou subversivos pelos governos militares.

Palavras-chave: Cone Sul; ditadura; política universitária; entrada na universidade.

RESUMEN

A partir de mediados del siglo XX se desarrolló en los países del Cono Sur una ola de gobiernos dictatoriales que explícitamente se propusieron frenar el avance del comunismo en la región. Vistas en clave regional, las experiencias de Argentina, Chile y Uruguay comparten como punto de partida el golpe militar llevado adelante, en Brasil en 1964, contra el gobierno democrático de João Goulart. Ahora bien, estos gobiernos dictatoriales fueron distintos a las dictaduras previas de la región y pusieron una especial atención a la limitación de la vida universitaria: las juventudes debían ser reprimidas y controladas para que el comunismo no avanzara. Este texto, construido a partir del relevamiento de fuentes secundarias – documentales – describe y analiza las políticas de restricción al ingreso a la universidad que se desarrollaron durante las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX considerando los casos de Argentina (1976-1983), Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985). El rastreo bibliográfico permite dar cuenta del modus operandi típico de las dictaduras de la época, que tuvo como objetivo restringir los procesos de democratización de la educación universitaria e instalar la política del terror en el ambiente universitario. Así, las dictaduras de aquella época dieron el golpe a la universidad: las universidades fueron objeto de una fuerte intervención estatal, con medidas que limitaban el acceso a la educación superior a través de la reducción de cupos, el establecimiento de requisitos académicos más estrictos y la exclusión de grupos sociales considerados peligrosos o subversivos por los gobiernos militares.

Palabras clave: Cono Sur; dictadura; política universitaria; ingreso a la universidad.

ABSTRACT

Starting in the middle of the 20th century, a wave of dictatorial governments developed in the countries of the Southern Cone that explicitly set out to stop the advance of communism in the region. Seen in a regional key, the experiences of Argentina, Chile and Uruguay have as their starting point the military coup conducted in Brazil in 1964, against the democratic Government of Joao Goulart. Now, these dictatorial governments were different from previous dictatorships in the region and paid special attention to the limitation of university life: youth had to be repressed and controlled so that communism did not advance. This text, constructed from a survey of secondary – documentary – sources, describes and analyzes the policies of restriction on university admission that were developed during the dictatorships of the second half of the 20th century, considering the cases of Argentina (1976-1985), Chile (1973-1990) and Uruguay (1973-1985). The bibliographical search allows us to account for the typical modus operandi of the dictatorships of the time that aimed to restrict the democratization processes of university education and install the politics of terror in the university environment. Thus, the dictatorships of that time dealt the coup to the university. The universities were subject to strong state intervention, with measures that limited access to higher education through the reduction of available spots, the establishment of stricter academic requirements, and the exclusion of social groups considered dangerous or subversive by the military governments.

Keywords: Southern Cone; dictatorship; university politics; university admission.

INTRODUCCIÓN

El golpe de estado en Brasil de 1964, que instauró una dictadura militar hasta 1985, tuvo profundas repercusiones en la educación universitaria del país. El régimen militar implementó una serie de políticas de control y represión en las universidades, con el objetivo de neutralizar cualquier foco de resistencia política y promover una ideología alineada con el autoritarismo estatal. Hubo intervenciones directas en las universidades, destituyendo y sustituyendo a las autoridades académicas por figuras afines al régimen (Da Silva, 2014). Asimismo, se llevó a cabo una depuración ideológica, expulsando a estudiantes y profesores considerados subversivos o políticamente peligrosos. El control sobre el currículo académico fue intensificado, censurando contenidos y disciplinas que promovieran el pensamiento crítico, mientras se fomentaban aquellos que respaldaban la visión desarrollista del gobierno militar. Este ambiente de represión y vigilancia constante coartó la libertad académica y debilitó el papel de las universidades como centros de debate y desarrollo intelectual independiente. Para las universidades brasileñas, este fue un tiempo de profunda restricción de libertades, persecución y un marcado alineamiento con los intereses y la ideología del régimen militar (Carneiro, 2002). Ahora bien, esta situación no fue exclusiva de Brasil.

A partir de mediados del siglo XX, se desarrolló en los países del Cono Sur una ola de gobiernos dictatoriales que explícitamente se propusieron frenar el avance del comunismo en la región. Las experiencias de Argentina, Chile y Uruguay, en particular, tienen como punto de partida el golpe militar llevado a cabo, en Brasil en 1964, contra el gobierno democrático de João Goulart. Este texto tiene como objetivo presentar una descripción y análisis de las políticas de restricción al ingreso a la universidad que se desarrollaron durante las dictaduras, considerando los casos de Argentina (1976-1983), Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985).

En cuanto a los aspectos metodológicos, este trabajo se ha construido a partir de un trabajo de recuperación de información bibliográfica y se ubica en la perspectiva historiográfica. Se recurrió al uso de fuentes – entre ellas, disposiciones normativas, decretos, resoluciones y leyes – referidas al ingreso universitario en los diferentes países de la región considerada. También se utilizaron estudios previos de académicos que se han dedicado a estudiar esta temática. En el análisis, se buscó observar de qué modo fueron variando los requisitos y las regulaciones para el ingreso a la universidad durante las últimas dictaduras militares en los países considerados. El trabajo de recuperación de fuentes y bibliografía pretende mapear la situación en la región, sin ánimo de exhaustividad, focalizándose en los principales hitos vinculados al objeto de estudio. El principal aporte que se aspira a construir es una mirada comparada sobre el modo en que las dictaduras militares intervinieron en el funcionamiento de la universidad y, en especial, en el ingreso universitario.

El texto se organiza, luego de la presente introducción, en tres apartados: en el primero de ellos se describe, en clave historiográfica, la llegada al poder de las dictaduras militares en la región; en el segundo apartado, se presentan algunas especificidades de las políticas y el impacto de las dictaduras en los sistemas universitarios en general; y en el tercer apartado, se plantean las restricciones y modos de intervención que establecieron cada uno de los gobiernos dictatoriales para el ingreso universitario. Para cerrar, se presentan a modo de conclusión aspectos comunes y específicos de cada caso.

DESARROLLO

Las dictaduras en el Cono Sur: el golpe a la democracia en la región

El golpe de estado de 1964 en Brasil se originó en un contexto de intensas tensiones políticas, sociales y económicas que culminaron en la destitución del presidente João Goulart. En aquellos años, la región enfrentaba una serie de desafíos: crisis económica, creciente desigualdad social y una polarización política marcada por la Guerra Fría. Goulart impulsó en Brasil reformas agrarias, educativas y laborales, conocidas como las "Reformas de Base", que pretendían redistribuir la tierra, mejorar la educación pública y fortalecer los derechos laborales. Estas medidas generaron una fuerte oposición de terratenientes, empresarios, la Iglesia Católica y sectores militares, que temían una deriva hacia el comunismo. Luego de grandes manifestaciones de sectores de derecha contra el gobierno, comenzaron las movilizaciones militares, hasta que el 1 de abril el presidente Goulart abandonó el país hacia el exilio y los militares asumieron el poder. El golpe consumado fue el resultado de una confluencia de factores internos y externos, incluidos el temor al comunismo, la crisis económica, la polarización política y el apoyo tácito de Estados Unidos, que veía en Goulart una amenaza en el contexto de la Guerra Fría (Valim Mansan, 2015). Fue el primero de varios golpes militares que se sucedieron en el Cono Sur, seguido por el golpe en Uruguay y Chile, en 1973, y el golpe en Argentina en 1976. Este texto aborda estas tres últimas experiencias para mostrar la situación de la región. A continuación, una breve mención a los inicios de cada una de estas experiencias.

El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió uno de los acontecimientos más trágicos de su pasado reciente: un golpe de Estado que interrumpió la democracia y trajo implicancias sociales, políticas y económicas que perduran hasta hoy. Se suceden 17 años de dictadura militar con Pinochet en el poder (1973-1990), durante los cuales se realizaron reformas económicas y sociales orientadas hacia un modelo neoliberal, y se dictó una nueva Constitución en 1980 que perpetúo el orden político-social impuesto por el régimen militar (Cornejo et al., 2013). El aspecto más brutal de la dictadura se refiere a las violaciones de los derechos humanos, ya que el Estado implementó sistemáticamente políticas de muerte, tortura, desaparición forzada, exilio, exoneración y persecución de ciudadanos disidentes. Esto instauró un clima de miedo y constante amenaza en toda la población (Lira; Castillo, 1991).

El golpe a la democracia en Uruguay comenzó con el golpe de Estado ejecutado por Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973 (Rico, 2013). Con este golpe, Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y de Representantes, y estableció un "Consejo de Estado" en diciembre de 1973, que asumiría las funciones legislativas. El régimen desplegó una dura represión, que se manifestó en la destitución, proscripción, exilio, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y asesinato de opositores políticos, sindicales, sociales y estudiantiles. El gobierno de facto disolvió la Convención Nacional de Trabajadores, intervino en la Universidad de la República y proscribió partidos y organizaciones de izquierda, así como a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, con el pretexto de restablecer el orden y salvar a la nación de la anarquía (Busquets; Delbono, 2016). Así, la dictadura en Uruguay se inscribe en la ola de autoritarismos de nuevo tipo que azotó a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia de la Revolución Cubana y el desarrollo de la Guerra Fría. En el contexto específico del Cono Sur, la experiencia uruguaya ha sido calificada, según la conceptualización de O’Donnell (1985), como un "Estado burocrático-autoritario" que recurrió a instrumentos de coerción ordinarios, como las fuerzas armadas y la policía, para ejercer el poder. Además, este régimen llegó a crear una institucionalidad paraestatal, con centros clandestinos de detención y escuadrones de la muerte, que representaron una innovación en el accionar represivo.

Entre 1930 y 1966, en Argentina hubo cinco golpes militares que alternaron con gobiernos democráticos (Rodríguez, 2010). Sin embargo, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se distinguió por los niveles extremos de crueldad que instauró en la administración del país. La última dictadura militar en Argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), fue la más sangrienta de la región. Los organismos de derechos humanos estiman que hubo alrededor de 30 mil desaparecidos, término que se refiere a personas secuestradas por las fuerzas de seguridad, cuyo paradero permaneció desconocido durante mucho tiempo. La mayoría de estas personas fueron torturadas en aproximadamente 340 centros clandestinos de detención, distribuidos por todo el país, y muchas de ellas fueron asesinadas. Un gran porcentaje de los desaparecidos eran trabajadores de fábrica y militantes sindicales, y cerca del 6% eran docentes (CONADEP, 1995). El Proceso de Reorganización Nacional perseguía tres grandes objetivos: liberalizar la economía, desarticular el Estado intervencionista – cuyo principal promotor había sido el peronismo – y lograr el disciplinamiento social a través de la represión, con el apoyo de la cúpula de la Iglesia Católica argentina (Quiroga, 2004; Novaro; Palermo, 2003). Estas políticas represivas y económicas transformaron profundamente la estructura social y política de Argentina, dejando un legado de violencia y violaciones de derechos humanos que ha marcado la historia del país.

La literatura académica dedicada al estudio de estos años en la región denomina "nuevos autoritarismos" y abarca las dictaduras cívico-militares que irrumpieron en América Latina desde el golpe de estado que depuso al presidente constitucional, João Goulart en Brasil, hasta el que derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, en Argentina (Rico, 2013). Siguiendo a Garretón (1984), se pueden identificar ciertos elementos comunes que diferencian a estos nuevos regímenes autoritarios de los anteriores. Entre ellas, se caracterizan porque emergen en países que habían alcanzado un determinado grado de desarrollo e industrialización; surgen después de una etapa de movilización política popular relativamente intensa; dentro del bloque que se impone al frente del Estado, las fuerzas armadas desempeñan un papel decisivo, pero en torno a la corporación militar se estructura una coalición afín a las clases económicamente dominantes; el bloque hegemónico en cada uno de ellos propone un proyecto de reestructuración del orden social y económico, así como un reordenamiento del orden político de carácter autoritario y excluyente. Estos "nuevos autoritarismos" se distinguen por su intento de consolidar un modelo económico neoliberal y un sistema político que limita la participación popular y reprime cualquier forma de disidencia. Así estos últimos regímenes autoritarios que marcaron profundamente la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX se diferenciaron de las dictaduras tradicionales que habían predominado anteriormente.

Las universidades en tiempos de dictadura: el golpe a la institucionalidad del sistema

A partir de la primera caracterización realizada en el apartado precedente, que bajo ninguna pretensión agota la crueldad que supusieron cada una de las dictaduras en los países considerados, en este apartado se describe su accionar específico sobre el sistema universitario.

El asedio a las universidades chilenas comenzó el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Esa misma mañana, efectivos militares se apostaron fuera de los campus universitarios y todos los edificios y facultades universitarias fueron desalojados y cerrados hasta nuevo aviso (Tagle, 2017). A partir de ese día, la represión se ejerció de manera brutal sobre la comunidad universitaria, con numerosos profesores, estudiantes y funcionarios detenidos, asesinados o desaparecidos. Una vez consolidado el golpe, el régimen necesitaba modelar, o reconstruir, en sus palabras, una universidad que sirviera a sus propósitos. Para ello, se dictaron diversos decretos leyes que modificaron profundamente la institucionalidad universitaria. El primero, el Decreto Ley 50, promulgado el 1 de octubre de 1973, estableció que las universidades chilenas estarían gobernadas por rectores-delegados, designados directamente por la Junta Militar. Estos rectores-delegados eran, en su mayoría, militares de alta graduación sin necesariamente poseer la capacitación específica para ejercer esta función. Al mes siguiente, se promulgó el Decreto Ley 111, de 08 de noviembre de 1973, el cual confería al rector-delegado todas las funciones y atribuciones previamente asignadas a los claustros universitarios, autoridades colegiadas y unipersonales, y jefaturas de servicios según la normativa interna. Además, se proscribieron todas las organizaciones estudiantiles, y el rector-delegado adquirió amplias potestades disciplinarias sobre los estudiantes universitarios, incluyendo la capacidad de aplicar sanciones de amonestación, suspensión, cancelación de matrícula y expulsión. Los nombramientos y ceses de cargos docentes también dependían directamente de los rectores-delegados. Una vez concretada la intervención en la universidad, se inició el proceso de depuración, que consistía en la expulsión o sanción de cualquier miembro de la comunidad universitaria que militara en partidos políticos opositores al régimen. En los primeros meses posteriores al golpe de Estado, una gran parte de los profesores y estudiantes militantes de izquierda fueron expulsados por decreto, a algunos docentes se les levantaban expedientes con imputaciones falsas y acusaciones permanentes de alterar la convivencia universitaria (Tagle, 2017). El objetivo fundamental era la despolitización y desmovilización de la universidad. Por ello, las federaciones de estudiantes fueron declaradas proscritas y se sancionaba cualquier actividad considerada como política. En cada sede universitaria se designaba un fiscal, quien a su vez nombraba a los encargados de investigar a nivel de Facultad, Departamento o Servicio. Los fiscales podían interrogar a los acusados, y su no comparecencia constituía una presunción en su contra. Asimismo, podían citar como testigos a cualquier miembro de la comunidad universitaria – docente, funcionario o estudiante –, y si la persona citada no se presentaba, arriesgaba una sanción. De esta manera, toda la comunidad quedaba involucrada en la política de depuración.

En el caso de Uruguay, durante la última dictadura, el régimen implementó una serie de políticas represivas y de control sobre las universidades, que transformaron profundamente el sistema educativo superior. Las medidas adoptadas estuvieron orientadas a erradicar cualquier forma de disidencia y a alinear las instituciones académicas con la ideología autoritaria del gobierno militar. En octubre de 1973, un explosivo estalló en manos de un estudiante de UDELAR y al día siguiente, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que disponía la intervención de la Universidad bajo el control directo del Ministerio de Educación y Cultura (Markarian, 2015). Las actividades académicas fueron suspendidas de inmediato, los edificios universitarios quedaron clausurados y custodiados por militares, mientras que decanos y el propio rector eran detenidos. Durante meses, se produjo la detención de docentes y estudiantes, e incluso se declaró ilegal a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) junto a otras “asociaciones ilícitas”. A fines de diciembre de 1973 comenzaron las destituciones de docentes por motivos políticos e ideológicos: las acusaciones apuntaban a los antecedentes políticos de los involucrados, enfatizando su contribución al proceso de poner a la Universidad al servicio de la sedición e identificando en su funcionamiento cotidiano con constantes incentivos para el desorden y el caos social. Incluso, el gobierno militar trasladó personal de otras dependencias para vigilar la vida cotidiana de la universidad. Como en otros casos, la dictadura instituyó la prohibición total de realizar actividades gremiales y políticas dentro de la Universidad (Markarian, 2015). En enero de 1976 se instituyó la obligatoriedad de firmar la “Declaración jurada de comportamiento estudiantil” que incluía códigos de vestimenta, restricciones de las actividades sociales y pautas de respeto a las autoridades. Otro aspecto para considerar al respecto del caso uruguayo es que, junto a la represión, se desarrollaron acciones explícitas para la eliminación de la autonomía y el fin de los mecanismos del cogobierno. Un aspecto que resulta importante señalar es que, a diferencia de lo que sucedió en otros países de la región, en los cuadros directivos se mantuvieron civiles con trayectorias relativamente destacadas (Markarian, 2015).

Con respecto a la situación de Argentina, varios autores han analizado las políticas educativas del Proceso de Reorganización Nacional, dando cuenta de los distintos mecanismos represivos que se inauguraron en 1976, en particular considerando su impacto negativo en el sistema universitario (Braslavsky, 1980; Tedesco; Braslavsky; Carciofi, 1983; Puiggrós, 1997; entre otros). Con la sanción en marzo de 1976, de la Ley N.º 21276, se dispuso la intervención directa del gobierno militar sobre las universidades nacionales, con una pérdida total de su autonomía. A la vez, se nombraron para cada universidad nuevas autoridades pertenecientes a las distintas fuerzas militares, se prohibió toda actividad política en los recintos universitarios y se establecieron nuevos reglamentos para su funcionamiento. A lo largo de los años de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se produjo un retroceso notorio para la educación superior argentina (García, 2023). Se prohibió todo tipo de actividad política o gremial por parte de estudiantes y trabajadores de las casas de estudio; se abrió un proceso de depuración de las plantas docentes al aplicar legislaciones como las llamadas leyes de prescindibilidad y de seguridad nacional, y se declaró la ilegalidad de las agrupaciones universitarias, de los centros y de las federaciones estudiantiles (Rodríguez; Soprano, 2009). Asimismo, las universidades y, en particular, el estudiantado fueron objeto del plan represivo sistemático ejecutado por las fuerzas armadas, en coordinación con otras fuerzas represivas del país (Seia, 2020). Además de la intensa persecución ideológica y política contra docentes y estudiantes, la dictadura implementó una política de reducción del sistema universitario. Se buscó disminuir la matrícula de las grandes universidades, donde los recortes presupuestarios y las restricciones de ingreso se sintieron con mayor intensidad. Además, se cerraron carreras, institutos de investigación, universidades, y se redujo el presupuesto de investigación (Guaglianone, 2013).

Los párrafos precedentes dan cuenta del golpe a la institucionalidad de los sistemas universitarios de la región. Intervención, depuración ideológica, censura curricular y académica, y represión directa fueron algunas de las formas en las que el golpe se manifestó en la universidad y si bien en cada país tuvo su matiz, no pueden dejar de notarse las continuidades y la lógica común de funcionamiento de las universidades de la región en tiempo de dictaduras.

El ingreso restringido a la universidad durante las dictaduras: el golpe a la democratización

Durante las dictaduras militares en Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-1985), los regímenes autoritarios implementaron políticas estrictas y represivas que afectaron el acceso a la vida universitaria, con el objetivo de controlar y erradicar cualquier forma de oposición política. Las universidades han sido históricamente centros de pensamiento crítico, debate y activismo político por lo cual las dictaduras veían estas instituciones como focos potenciales de oposición y subversión. Restringir el ingreso a la universidad permitía a los regímenes controlar quién podía acceder a estos espacios de influencia y asegurar que solo aquellos alineados con su ideología pudieran participar en la vida académica. A la vez, las políticas de restricción en el ingreso universitario formaron parte de una estrategia más amplia de represión destinada a neutralizar cualquier forma de resistencia (Seia, 2020). Al instaurar un ambiente de miedo y censura, los regímenes reducían la posibilidad de que surgieran críticas o movimientos organizados en su contra desde las universidades. Finalmente, restringir el acceso a la educación superior también servía para legitimar los regímenes autoritarios. Controlar las universidades permitía a los regímenes imponer y difundir su ideología, intentando asegurar así los valores autoritarios y nacionalistas hegemónicos en aquellos años (Seia, 2020).

En 1981, el régimen militar chileno promulgó la Ley General de Universidades.
Con este nuevo cuerpo legal, la dictadura no solo inició la privatización de la educación superior, mediante la creación de universidades privadas independientes del Estado, sino que también desmanteló por completo la red de universidades públicas existentes, regionalizándolas y fragmentándolas en numerosas instituciones sin mayor conexión entre sí. Una de las más afectadas fue la Universidad de Chile, que no solo vio cómo sus sedes regionales se convertían en universidades independientes, sino que también perdió el Instituto Pedagógico (Slachevsky Aguilera, 2015). Las instituciones públicas de educación superior fueron obligadas a autofinanciarse, y se estableció un sistema de financiamiento que incluía modalidades de Aporte Fiscal Directo (AFD) para las universidades del Consejo de Rectores y un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para las instituciones que admitían a los estudiantes con mejores puntajes en la Prueba de Aptitud Académica, el examen de selección universitaria de la época (Mönckeberg, 2006). Así, la admisión universitaria se volvió más restrictiva, con un énfasis en la lealtad política y la conformidad ideológica. En 1970, la matrícula total de pregrado en las ocho universidades del país era de 70,795 alumnos. Para 1973, tras experimentar un crecimiento explosivo, esta cifra había aumentado a 146,451 alumnos. Sin embargo, la política del gobierno militar, al intervenir las universidades, fue primero congelar ese crecimiento y luego disminuir la matrícula en términos absolutos. Así, en 1980, la matrícula total de pregrado se redujo a 118,978 alumnos. Entre 1980 y 1984, la matrícula creció muy levemente, situándose en 126,197 alumnos en 1984. Dado que el aporte de las nuevas universidades privadas a la matrícula global fue marginal, puede constatarse que la educación universitaria experimentó un estancamiento completo durante estos años. Esto resultó en una reducción de la tasa de escolarización bruta universitaria – proporción de alumnos universitarios sobre el grupo de edad entre 18 y 24 años – entre 1973 y 1984 (Brunner, 1986).

En Uruguay, el régimen militar implementó políticas de intervención y control en la Universidad de la República similares a las observadas en otros países del Cono Sur durante sus respectivas dictaduras. Se establecieron listas negras para impedir el acceso a estudiantes y profesores con antecedentes políticos desfavorables, y se llevaron a cabo rigurosas revisiones ideológicas para todos los aspirantes. La autonomía universitaria fue severamente restringida, y las reformas curriculares eliminaron contenidos críticos, promoviendo una educación alineada con los valores del régimen. La represión y el control sobre la comunidad académica uruguaya fueron intensos, resultando en un ambiente universitario dominado por el miedo y la conformidad forzada. Durante la dictadura uruguaya (1973-1985), el acceso a la Universidad de la República fue restringido mediante una serie de políticas diseñadas para controlar y limitar la entrada de individuos considerados políticamente subversivos o peligrosos para el régimen. Estas restricciones formaban parte de una estrategia más amplia de represión y control social que buscaba eliminar cualquier foco de disidencia y asegurar que la educación superior estuviera alineada con los intereses del gobierno autoritario (Universidad de la República, 2009). El régimen implementó estrictos procedimientos de vigilancia y filtrado ideológico para los aspirantes a estudiantes, incluyendo la revisión detallada de los antecedentes políticos y las actividades previas de los solicitantes. Aquellos que habían participado en movimientos de izquierda, sindicatos o cualquier tipo de oposición política eran identificados y vetados (Markarian, 2015). La policía y los servicios de inteligencia del Estado colaboraban en la recopilación de información sobre los aspirantes, asegurando que solo aquellos considerados ideológicamente seguros pudieran ingresar a la universidad.

En Argentina, uno de los principales objetivos del proyecto universitario durante la dictadura fue reducir la cantidad de estudiantes matriculados. Para lograr esto, se implementó una política de cupos para el ingreso. Además, se comenzaron a cobrar aranceles por los estudios de grado a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales N° 22.207 (Argentina, 1980). Esta legislación también buscaba establecer el modelo universitario del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”: una universidad de tamaño reducido, vigilada, sin participación política y disciplinada, subordinada al Poder Ejecutivo Nacional (Seia, 2020). Se introdujo un nuevo formato de examen de ingreso, con cupos por carrera y restricciones en la matriculación por universidad (Rodríguez y Soprano, 2009). El nuevo examen de ingreso requería aprobar dos asignaturas consideradas fundamentales para la carrera elegida y pasar una prueba de comprensión de texto. Además, los estudiantes que ingresaban a la universidad debían presentar un certificado de “buena conducta” emitido por la policía al inicio del ciclo lectivo de 1977. La política de cupos, junto con las restricciones presupuestarias, en general, contribuyó a reducir el número total de alumnos (Buchbinder; Marquina, 2008). Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en 1977 se estableció un cupo de 13,845 ingresantes, y de un total de 24,083 aspirantes, ingresaron 11,647; luego, en 1978, el cupo se redujo a 12,380 y de un total de 40,075 aspirantes, ingresaron 11,950 (Seia, 2020). Es importante destacar que el cupo se redujo gradualmente y, debido al examen de ingreso, a menudo no se llenaban todas las plazas disponibles. Se estima que aproximadamente el 50% de los aspirantes a nivel nacional eran rechazados debido a las pruebas de ingreso (Bertoni; Cano, 1990). Durante aquellos años, el movimiento estudiantil denunció la extensión excesiva del programa de ingreso, la elaboración de pruebas confusas y tramposas, horarios inaccesibles para quienes trabajaban, prácticas pedagógicas deficientes y temas evaluados que estaban desconectados de las carreras, entre otras cuestiones (Seia, 2020).

Tal como se evidencia en los párrafos precedentes, la restricción al ingreso universitario fue una de las estrategias elegidas por los diferentes regímenes militares para golpear a los procesos de democratización de la educación superior en marcha en diferentes latitudes.

CONSIDERACIONES FINALES

En memoria de los 60 años del golpe de estado en Brasil de 1964, este texto intento aportar reflexiones acerca del impacto que las dictaduras de Chile, Uruguay y Argentina tuvieron en la reconfiguración de los sistemas universitarios en general y en los formatos y regulaciones del ingreso a la universidad en particular. Durante las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay, como así también en Brasil, los gobiernos implementaron medidas represivas que tuvieron un profundo impacto en el acceso a la educación universitaria y en la dinámica de la vida estudiantil. Estas acciones estaban dirigidas a controlar y sofocar cualquier forma de disidencia política, ideológica y social dentro de los campus universitarios. La intervención directa en las universidades mediante la designación de autoridades afines a los regímenes, los intentos de purgar la institución de corrientes ideológicas consideradas subversivas, así como la imposición de estrictos controles académicos y curriculares, son solo algunas de las estrategias adoptadas por los regímenes dictatoriales para imponer su agenda en el ámbito universitario. Además de estas medidas, se desplegaron diversos mecanismos de vigilancia y censura, y se recurrió a la represión física y la violencia directa como herramientas para mantener el control sobre la comunidad estudiantil y académica. Estas políticas, en conjunto, buscaban no solo asegurar la lealtad al régimen, sino también transformar las universidades en instrumentos de propagación de la ideología autoritaria y en centros de formación al servicio de los intereses políticos de las dictaduras en la región. Este trabajo pretendió analizar cómo estas medidas repercutieron en la dinámica universitaria y en el acceso a la educación superior, así como también reflexionar sobre su legado y su significado en el contexto histórico y político de la región.

Durante los años de las dictaduras, las universidades fueron objeto de una fuerte intervención estatal, con medidas que limitaban el acceso a la educación superior a través de la reducción de cupos, el establecimiento de requisitos académicos más estrictos y la exclusión de grupos sociales considerados "peligrosos" o "subversivos" por los gobiernos militares. En Argentina, la dictadura de Videla eliminó la gratuidad universitaria e instauró mecanismos de selección que dificultaban el acceso de los sectores populares. En Chile, la dictadura de Pinochet reformó radicalmente el sistema educativo en 1981, introduciendo un modelo de mercado que promovía la competencia entre universidades y la privatización de la educación superior. Este cambio condujo a un sistema de financiamiento basado en aranceles que excluía a estudiantes de bajos recursos. En Uruguay, la dictadura impuso un control ideológico rígido en las universidades, restringiendo el acceso a aquellos que no compartían los lineamientos del régimen.

Si bien la vuelta a la democracia trajo consigo reformas que buscaban revertir estas políticas, algunos de sus efectos han persistido. En Argentina, aunque se reinstauró la gratuidad universitaria con la restauración democrática, las secuelas de las restricciones dictadas por el régimen militar continúan reflejándose en una marcada desigualdad en el acceso y permanencia en la universidad, particularmente entre los sectores más vulnerables. A pesar de las políticas de becas y acompañamiento estudiantil implementadas en las últimas décadas, las brechas socioeconómicas siguen siendo un obstáculo importante. En Chile, el modelo neoliberal implantado durante la dictadura ha dejado una impronta que perdura hasta hoy. Aunque la reciente ley de gratuidad ha intentado mitigar los efectos de la mercantilización de la educación, el sistema sigue caracterizado por un financiamiento mixto y una lógica de mercado que perpetúa la segmentación entre instituciones universitarias. Esto se traduce en una profunda desigualdad en el acceso a la educación superior, en función del origen socioeconómico de los estudiantes y de las oportunidades educativas que tienen a su disposición. En Uruguay, aunque las universidades recuperaron su autonomía formal tras el fin de la dictadura, algunas tensiones sobre la financiación y la gobernanza universitaria aún persisten. Si bien el acceso a la educación superior se ha democratizado, el legado del control ideológico y la centralización del poder académico durante la dictadura sigue siendo tema de discusión en las políticas educativas contemporáneas.

A pesar de los avances realizados en las últimas décadas en la democratización del acceso a la educación superior en estos países, los efectos de las políticas restrictivas impuestas durante las dictaduras siguen presentes. Los sistemas universitarios aún enfrentan desafíos relacionados con la equidad y la inclusión, y el acceso a la universidad continúa siendo segmentado de acuerdo con las condiciones sociales y económicas de los estudiantes. Hoy, el derecho a la educación superior se encuentra en disputa en la región. La avanzada de políticas neoliberales de las últimas décadas ha tenido una nueva faceta con la pandemia con las nuevas formas de privatización y exclusión que trajo el auge de las plataformas (Bordoli, 2020). Incluso, si consideramos el contexto argentino, estas amenazas se profundizan con la llegada de las ideas del anarcocapitalismo. Sus planteos sobre la ausencia de responsabilidad del Estado en la gestión de los sistemas educativos, su despreocupación por mediación entre los individuos, el mercado y la postulación de un modelo de desarrollo que no se interesa por la educación pública (Filmus, 2024) tensan cualquier planteo sobre el derecho a la educación. Si bien el desarrollo de políticas públicas activas en la región ha permitido notables avances en términos de acceso al nivel superior, la situación dista de ser ideal.

Muchas y muchos jóvenes no tienen la oportunidad de acceder a la universidad, aquellos y aquellas que acceden tienen interrupciones, reingresos y abandonos, siendo pocos quienes se gradúan (García, 2023). Las trayectorias estudiantiles transitan circuitos de calidad diversa y muchas veces quedan a la deriva. Así el escenario regional resulta complejo. Nuestros países transitan una situación paradojal: se hizo mucho y a la vez, queda mucho por hacer. La revisión sobre los procesos históricos vividos en la región y la mirada atenta a sus huellas y cicatrices nos invitan a una profunda reflexión en torno al Derecho a la Educación y el modo en que los países de América del Sur deben accionar para que deje de ser una promesa incumplida para millones de habitantes de la región.

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Pablo Daniel García

Doctor en Educación, Licenciado y profesor en Ciencias de la Educación. Profesor adjunto e Investigador en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) e investigador asistente del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina (CONICET-Argentina). Coordinador académico del Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación de UNTREF.

pgarcia@untref.edu.ar