Aspectos centrales de la aplicación de la ley nº 12850/2013

Resumen

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar los aspectos fundamentales de la aplicación de la Ley 12850/201, desde la perspectiva de que constituye un contrato jurídico que prevé derechos y obligaciones de las partes y que proporciona al Estado, la obtención de información sobre la práctica de delitos contra la administración pública, que de otra manera no se obtendría.  Cabe destacar que este trabajo se desarrolló mediante una revisión bibliográfica, consultando libros, revistas, decisiones y jurisprudencia de referencia para el tema. En vista de la intensificación de los actos delictivos cometidos por la delincuencia organizada, que llegó a la sofisticación progresiva de la denuncia y otras formas de colaboración premiada en Brasil, ya que es natural que el Estado adopta estrategias capaces de maximizar sus acciones con el fin de frenar la actividad criminal en Brasil.  Cabe destacar que aunque se dan como equivalentes, las expresiones colaboración premiada y reporting premiado deben diferenciarse, en atención a sus efectos jurídicos. La primera es más amplia y la segunda más estricta. En la primera hipótesis, el investigado asume la autoría, informando sobre la ubicación del grupo criminal, el producto del delito, sin incriminar directamente a terceros. En lo que respecta a la acusación prematura, además de confesar la autoría o participación, incrimina a terceros. Así, la colaboración prematura es un género, del que el denunciante sería una especie. En cuanto al acuerdo de colaboración premiada, se trata de un negocio jurídico procesal y un medio de obtención de pruebas, que presupone el interés y la utilidad pública. Además, las declaraciones del colaborador y una copia de la investigación serán remitidas al juez para su análisis, de modo que éste podrá oír al colaborador de forma confidencial, acompañado de su abogado, para analizar aspectos como el carácter vinculante de las penas impuestas a los regímenes jurídicos de cumplimiento de la pena, la nulidad de la cláusula de renuncia al derecho de recurso, el derecho del informante a hablar en último lugar en todas las fases procesales y la ilegalidad del decreto de sentencia cautelar o condenatoria basado únicamente en la palabra del colaborador.